Ante la creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos, autoridades municipales de nuestra ciudad advirtieron que este tipo de hechos «no constituyen una travesura, sino un delito de intimidación pública que puede ser penado con entre 2 y 6 años de prisión».
Desde el ámbito judicial se remarcó que, una vez radicada la denuncia, interviene la Fiscalía correspondiente y también puede alcanzar a quienes actúen como encubridores. Además, se alertó sobre las graves consecuencias que estos episodios pueden generar tanto para los estudiantes involucrados como para sus familias y la comunidad educativa en general.
En ese marco, también se informó que, debido a los costos que implican los procedimientos judiciales y administrativos, una vez identificados los responsables se dará intervención al Fiscal de Estado para evaluar posibles acciones civiles. En el caso de menores de edad, las responsabilidades podrían recaer sobre sus representantes legales.
Frente a este escenario, se llevó a cabo una reunión entre autoridades municipales de las áreas de Educación, Seguridad y Justicia del distrito, con el objetivo de coordinar acciones y abordar la problemática en los establecimientos escolares.
