La crisis en el PAMI sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que los médicos de cabecera del organismo iniciaran un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad del servicio para miles de afiliados en todo el país.
La medida de fuerza fue impulsada por profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y se extenderá hasta el miércoles inclusive, manteniendo únicamente la atención de urgencias. El conflicto afecta la atención habitual de jubilados y pensionados, en un contexto de creciente malestar dentro del sistema sanitario del organismo.
El detonante del paro fue la publicación de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril, que modifica el esquema de pagos a los médicos de cabecera. Desde el sector sostienen que, aunque el organismo presentó la medida como un “ordenamiento” del sistema, en los hechos representa un fuerte ajuste salarial.
Uno de los puntos más cuestionados es el nuevo valor de la cápita, fijado en $2.100 por afiliado. Sin embargo, los profesionales aseguran que este incremento es “engañoso”, ya que viene acompañado por la eliminación de ingresos considerados fundamentales para sostener la actividad.
“No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, señalaron desde el sector, al advertir que la nueva normativa elimina el pago por consulta presencial, que hasta ahora permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales.
Además, la resolución incorpora dentro de un monto fijo prestaciones como consultas, seguimientos, derivaciones, internaciones y visitas domiciliarias, lo que para los profesionales resulta insuficiente frente a la carga laboral que implica la atención de cada paciente.
“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, remarcaron, al tiempo que advirtieron que el nuevo esquema genera “más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico”.
Desde APPAMIA sostienen que el impacto económico podría superar el 50 por ciento de los honorarios reales, situación que consideran “inviable” para sostener consultorios privados, teniendo en cuenta costos como alquileres, servicios, insumos y personal administrativo.
Otro de los aspectos que profundizó el malestar es la eliminación de los incentivos económicos vinculados a la formación y capacitación continua de los profesionales.
La normativa deja sin efecto el artículo que contemplaba el reconocimiento económico por estudios de posgrado, bajo el argumento de que esos objetivos ya fueron cumplidos. La decisión generó rechazo inmediato entre los médicos, quienes cuestionaron la contradicción del organismo.
“Se exige más formación, pero se deja de reconocerla”, remarcaron.
El conflicto escala en medio de una crisis más amplia dentro del sistema de salud del PAMI, con reclamos salariales, deudas con prestadores y crecientes cuestionamientos por el deterioro de la atención a jubilados y pensionados. Mientras no haya una respuesta oficial, los profesionales advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza en los próximos días
