Los fiscales de juicio Victoria Huergo y Jorge Paolini solicitaron una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública para Andrés Omar Ombrosi a quien consideraron culpable del delito de peculado en el rol de partícipe primario.
Por su parte la defensa reconoció la entrega de documentación para la confección de elevados contratos de personal en el Astillero Río Santiago (ARS), pero señaló que no fueron aportados para el destino que se le dieron finalmente.
En su alegato los fiscales valoraron como atenuantes de la pena la carencia de antecedentes delictivos, su buen concepto y buen comportamiento durante todo el proceso.
En tanto como agravantes de la pena mencionaron su carácter de funcionario público de alto rango, y la cantidad de curriculms que envió para hacer contratos que permitieron sustraer una mayor cantidad de dinero del gigante naval de nuestra ciudad.
Paolini y Huergo sostienen que Ombrosi aportó información con la que se redactaron 10 contrataciones de personal superior de ARS. El acusado solo reconoció cinco hechos y reiteró que no sabía cuál era el fin con el que le pidieron esa documentación.
Luego de los alegatos el acusado hizo uso de su derecho de decir las últimas palabras en el debate. Aseveró no haber cometido ningún delito ni actuar con intención criminal (“dolo”).
El juicio oral está a cargo de Tribunal Oral Criminal I de La Plata que el próximo 20 de septiembre dará a conocer el veredicto del caso.
Ombrosi fue el único acusado en ir a juicio. Fue funcionario del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires durante el segundo mandato de Daniel Scioli.
El resto de los acusados (Héctor Scavuzzo, Roberto Fiocca, Rodolfo Elisetch y Oscar Borcerio) reconocieron su responsabilidad en el marco de juicios abreviados que deben ser resueltos por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata.
Se estima que la maniobra fraudulenta fue por unos 16 millones de pesos del erario provincial mediante la confección de contratos como personal jerárquico del ARS con salarios que se pagaban en efectivo, por las sumas que oscilaban entre 30 y 35 mil pesos, entre los años 2012 y 2013, cuando la cotización oficial del dólar fue entre 4 y 5 pesos argentinos por cada unidad de moneda norteamericana.
LA CAUSA
La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal de delitos complejos de La Plata, Paolini, quien ahora es el fiscal de juicio del caso junto a Huergo.
Durante la etapa de instrucción del expediente, el funcionario detalló que la operación incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $30 mil.
Según confirmó, la causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astilleros.
La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades.
Cabe señalar que Scavuzzo, el entonces titular de Astilleros, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de no cometer delitos ni entorpecer la investigación.
