Tras detectar conductas reiteradas en perjuicio de los derechos de las y los consumidores bonaerenses, la Provincia de Buenos Aires sancionó a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y DirecTV con multas de $167 millones para cada una.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a partir de actuaciones iniciadas por incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Además de la sanción económica, se ordenó a ambas compañías que arbitren los medios necesarios para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de rescisión del servicio, utilizando el mismo canal por el cual se realizó la contratación, sin exigir trámites adicionales ni incurrir en dilaciones injustificadas.
La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectó múltiples irregularidades, entre ellas la dificultad para concretar la baja del servicio por vías presenciales, telefónicas o de mensajería instantánea; la falta de funcionamiento del “Botón de Baja” en las páginas web institucionales; y la imposición de preavisos o el cobro de períodos completos como condición para cancelar el servicio.
El trabajo del organismo provincial se basó en alrededor de 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV.
En ese marco, Telecentro se posicionó como una de las empresas más denunciadas por las y los consumidores bonaerenses durante el año.
Se constató que ambas compañías implementaron prácticas sistemáticas para obstaculizar la baja del servicio, mediante derivaciones infructuosas entre distintos canales de atención, respuestas automáticas que redirigen a sistemas inoperantes y extensos tiempos de espera.
Asimismo, las autoridades provinciales detectaron la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que impedían a las personas usuarias rescindir el servicio en caso de registrar deudas, vulnerando la normativa vigente.
Este tipo de prácticas constituye un trato vejatorio hacia las y los consumidores, ya que impone cargas irrazonables y dificulta materialmente el ejercicio efectivo de sus derechos. La legislación establece la obligación de los proveedores de garantizar condiciones de trato digno y equitativo, así como canales de atención eficaces que eviten procedimientos abusivos o dilatorios.
Por tal motivo, el Ministerio encabezado por Augusto Costa intervino de oficio para garantizar los derechos vulnerados, aplicó las multas correspondientes y exigió a las empresas adecuar su accionar a la ley.
Las compañías ya fueron notificadas y cuentan con un plazo de 20 días para acreditar las modificaciones ordenadas y efectuar el pago de la sanción.
Para realizar denuncias o consultas, las y los consumidores pueden comunicarse al correo electrónico infoconsumidor@mp.gba.gov.ar.
